El inicial acuerdo del Consejo que luego no fue

UPA insiste en que el Consejo Regulador pudo parar el «despropósito» y se pregunta por qué interés algunas organizaciones lo impidieron a última hora

A. G. LOGROÑO.

El problema de los repartos de viñedo, que presumiblemente se solucionará en el 2018, se arrastra desde el 2015 cuando el Ministerio decidió fijar unos criterios prioritarios de acceso para intentar favorecer el acceso de jóvenes agricultores sin viñedo al sector. La Consejería de Agricultura riojana se opuso en repetidas ocasiones a la exclusión de los viticultores, pero, escudándose en que el Gobierno estaba en funciones, el Ministerio aseguró que no había tiempo para cambiarlos en el 2017.

El reparto del año pasado, con multitud de viticultores que utilizaron terceras personas para acceder a las plantaciones, tuvo un resultado tremendamente desigual y, en esta ocasión, la Consejería decidió endurecer el acceso con lo que muchos solicitantes del Grupo I -prioritario y que aúna a jóvenes agricultores no vitícolas- han pasado al Grupo II -resto de solicitantes, incluidos los viticultores-.

El sector temía que de nuevo un grupo de terratenientes se beneficiara del grueso de las plantaciones del 2016, como sucedió el año pasado y, de hecho, en esta ocasión puede incluso ser más gravoso. El asunto llegó al pleno del Consejo Regulador, con una propuesta para solicitar al Ministerio que dilatase las adjudicaciones del 2017 hasta el 2018 para repartirlas ya con los nuevos criterios.

Todas las organizaciones votaron de forma unánime en una comisión permanente para presentar un recurso de alzada e intentar conseguir el aplazamiento, pero finalmente en el pleno las bodegas del Grupo Rioja y de ABC votaron en contra, con la abstención también de ARAG-Asaja. Así lo recordaba ayer el secretario general de UPA, Tomás Latasa, quien insiste en pedir explicaciones: «Ya dijimos que había que paralizar como fuera este reparto y, cuando había un preacuerdo unánime ante el despropósito del 2016 y el que se veía venir para este año, varias organizaciones lo impidieron». «Habrá que cotejar ahora la lista de beneficiarios cuando se haga pública para ver si defendían intereses colectivos o personales».

Las explicaciones que tanto Grupo Rioja como ABC y ARAG-Asaja dieron en su momento es que el recurso de alzada llegaba tarde y que no tenía posibilidades jurídicas de llegar a buen puerto.

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