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El Gobierno aprueba la ley que da validez a las sanciones de la DOC

El Gobierno aprueba la ley que da validez a las sanciones de la DOC
/ Justo Rodriguez
  • Con la nueva norma se resuelve una década de inseguridad jurídica en Rioja, ya que las actas de los veedores del Consejo serán válidas para iniciar expedientes sancionadores

El Ministerio de Agricultura ha resuelto después de más de una década la fragilidad jurídica en que está inmersa Rioja, desde que en el año 2003 se aprobó la Ley de la Viña y el Vino, hasta el punto de que numerosos expedientes sancionadores han sido anulados durante estos años por los tribunales al no contar con cobertura legal la capacidad sancionadora del Consejo Regulador.

El consejo de Ministros ha aprobado la Ley de Denominaciones de Origen de ámbito suprautonómico, en la que se reconoce a los consejos reguladores como corporaciones de derecho público y en la que se recogen, al menos parcialmente, las demandas del sector riojano para que el actual cuerpo de veedores del Consejo Regulador pueda seguir velando a pie de viña y de bodega por el cumplimiento de las normas.

En este sentido, si bien inicialmente Rioja quería mantener íntegras las competencias de control -desde la apertura de las actas hasta la resolución de los expedientes sancionadores-, el Ministerio ha encontrado una fórmula intermedia que ha pasado los filtros de legalidad pertinentes, incluido el Consejo de Estado, y que permite que el actual cuerpo de veedores sea el responsable del inicio de los expedientes sancionadores, con el reconocimiento de sus actos como documento público. Ahora bien, una vez que el veedor levante el acta, ésta pasará a la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), que será quien inicie y termine los expedientes sancionadores.

El problema lo originó la Ley del Vino del 2003, que estableció que las funciones de control y gestión de las denominaciones de origen debían estar separadas para evitar que los operadores pudieran ser juez y parte.

El Consejo de Rioja mantuvo el sistema que tenía -esperando el amparo del Ministerio con una nueva ley que no llegaba- en el que los veedores iniciaban las actas y sus propios servicios jurídicos tramitaban y resolvían (hasta determinadas cuantías) los expedientes sancionadores. Sin embargo, los tribunales fueron anulando las sanciones por ir contra la Ley del Vino y, ya en el año 2010, el Ministerio para salir del paso delegó la competencia de apertura y tramitación de expedientes sancionadores en el presidente del Consejo Regulador, que continuaba ejerciéndola en la actualidad en una clara situación de 'fragilidad' jurídica.

Se trataba, en definitiva, de un 'parche' mientras se tramitaba la nueva ley, que con su definitiva aprobación pondrá fin, ahora sí, a más de diez años de dudas sobre la capacidad sancionadora. El propio Ministerio, en la documentación de apoyo al proyecto de ley, así lo reconoce: «Las funciones de control que realizan los consejos reguladores dependientes del Magrama siguen siendo habitualmente cuestionadas ante las distintas instancias judiciales, no descartándose que, en cualquier momento, pueda existir una sentencia desfavorable que pudiera incluso conllevar alguna responsabilidad patrimonial».

Con condiciones

Ahora bien, la concesión de la presunción de veracidad a las actuaciones del cuerpo actual de veedores del Consejo implica condiciones: el Consejo Regulador deberá acreditar su estructura de control a la norma europea 17020, que básicamente garantiza la separación de funciones; debería enviar un plan anual de control al Ministerio y éste además se reserva la facultad de auditar e inspeccionar el sistema, con la posibilidad de poder retirar dicha competencia a los veedores y ceder a la AICA también la facultad de la apertura de actas si detecta irregularidades.

Reacciones ante la aprobación

El presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja, Luis Alberto Lecea, ha afirmado que el proyecto de Ley de Denominaciones de Origen (DO) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) permite mantener el modelo de Rioja, según ha recogido la agencia EFE.

Lecea ha indicado que cumple con las expectativas de la DOCa Rioja, que lleva "once años intentando mantener su modelo" y que se hubiera "roto" si no se otorgaba a los veedores autoridad.

Este proyecto de Ley reconoce a los veedores del Consejo Regulador la presunción de veracidad y certeza y, cuando levanten acta, esta tendrá la consideración de solicitud de iniciación de un procedimiento sancionador.

Por su parte, el secretario general del Partido Popular de La Rioja, Carlos Cuevas, ha subrayado que "hoy, gracias a un gobierno del Partido Popular y al trabajo de Pedro Sanz, quedan definitivamente resueltas las demandas históricas del Rioja, frente a la injusticia y al olvido al que las condenó el PSOE".

La secretaria de Agricultura del PSOE de La Rioja, Concepción Andreu, ha resaltado que se resuelve la "indefinición" creada en la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja con la Ley de Denominaciones de Origen, en la que se reconoce al Consejo Regulador como corporación de derecho público.

Para ella, la "indefinición" creada por la Ley de la Viña y el Vino del año 2003 es finalmente "rectificada y, en principio, parcialmente resuelta, con la actual propuesta después de más de once años".

"El PSOE reivindicó esta petición siempre, tanto en el Parlamento de La Rioja como en las Cortes Generales", ha explicado Andreu, quien ha deseado que este proyecto de Ley "no sea un amago más del Gobierno del PP, que anuncia leyes que luego no prosperan y se convierten en anuncios publicitarios".