La futura Ley de Control del Potencial Vitícola de La Rioja prevé en su disposición adicional primera el establecimiento de una tasa administrativa, cuya cuantía será suficiente para financiar un plan de control específico de los viñedos que se planten en la Comunidad Autónoma y que no sean amparados por una denominación de origen (DOP) o por una indicación geográfica protegida (IGP).

Así, el recargo administrativo hará menos competitivas las explotaciones que opten por hincar viñedo de mesa en La Rioja y asumirá todo el coste del control de las plantaciones y de los centros de elaboración: «No está fijada la cuantía, pero evidentemente esas plantaciones y las bodegas que transformen las uvas se tienen que controlar para que la producción no vaya a Rioja y eso no es barato», explica el consejero de Agricultura, Íñigo Nagore.

A falta de que se determine la cuantía, lo que prevé el proyecto de ley es que financiará íntegramente los controles, de forma que no tendrá coste para la administración regional. Las plantaciones objeto de control, y que por tanto tendrán que soportar el recargo, son aquellas realizadas con el compromiso de no comercializar la producción a través de una DOP o IGP, aunque también se incluyen las experimentales y las destinadas al autoconsumo: «Para los primeros, la tasa se fijará por hectárea de forma anual y para experimentales, la tasa será anual pero sin valorar la superficie, es decir, menor», avanza Nagore.

La Consejería de Agricultura ha sido cuidadosa en este asunto y ha consultado con Bruselas si la imposición de la tasa respeta la normativa comunitaria y la respuesta ha sido positiva.