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Asaja pide más control de solicitudes ante el inminente reparto del viñedo del 2017

  • El sindicato recuerda que sin el acuerdo de limitación del Consejo Regulador el problema se hubiera multiplicado por diez

El reparto de las nuevas autorizaciones administrativas para plantar viñedo no ha gustado a nadie y así lo confirmó también ayer la organización agraria mayoritaria ARAG-Asaja. Javier Rubio, presidente del sindicato, calificó de «agravante con los pequeños viticultores que empiezan» la distribución de las adjudicaciones, pero también quiso dejar claro que «nadie debería sorprenderse» porque es «la crónica de algo anunciado».

En este sentido, recordó que su sindicato lleva dos años intentando cambiar los criterios de reparto y que el pasado día 12 en Madrid el Ministerio de Agricultura, en una reunión en la que estuvo ARAG-Asaja, accedió a hacerlo para el 2018 con la opción de incluir las explotaciones vitícolas y medianas en el grupo prioritario. Rubio en cualquier caso pidió también realismo al conjunto de organizaciones agrarias: «No nos gustan las reglas de juego y hay que luchar por cambiarlas pero, de momento, son las que son», señaló Rubio,

El dirigente de Asaja recordó que gracias al acuerdo del limitación de aumento de masa vegetal en el Consejo Regulador «hemos evitado que el problema se multiplique por diez, con la autorización de más de 3.500 hectáreas que hubieran venido a Rioja este año en lugar de 387 y aquel acuerdo lo firmó en exclusiva Asaja por el sector productor con las bodegas y las cooperativas».

El problema se repetirá en el 2017 -el Ministerio ha dicho que no hay tiempo material para cambiar criterios toda vez que se pueden presentar solicitudes desde el 1 de febrero- y el presidente de ARAG-Asaja reclamó en este sentido a la Consejería de Agricultura «un control más exhaustivo» de solicitudes con la limitación, entre otras cuestiones, de los arrendamientos de tierras para acreditar superficie para hincar viñedo: «Quizás habría que limitar los arrendamientos a familiares de primer y segundo grado para evitar alguna situación como las que se han producido este año».

José Antonio Torrecilla, secretario general del sindicato, se mostró también partidario de acreditar la actividad agraria del denominado 'jefe de explotación' con el pago de la seguridad social agraria y achacó algunos desajustes del reparto el 2016 a que «todo era nuevo» y también al hecho de que «el interés por el viñedo en La Rioja no existe en otros sitios y lo que hay que hacer es corregir en la medida de lo posible los desajustes existentes».

Preocupación sobre la mesa

El inminente reparto del 2017 es también la principal preocupación que comparten el resto de organizaciones agrarias, entre otras cosas porque la cantidad de hectáreas es superior a la de este año (de 387 a 645) y porque los 'defectos' de la nueva fórmula ya son conocidos por todos: «Puede ser una auténtica bomba y las administraciones tienen que poner remedio», señaló ayer José Luis Pisón, responsable vitivinícola de la UAGR. Pisón confirmó que su sindicato «seguirá movilizándose porque las viñas deben ser para ayudar a pequeños viticultores a poder seguir trabajando sus tierras y, mientras no haya garantías contra quienes se llevan el grueso del reparto, somos partidarios de suspender las autorizaciones de plantación».

En la misma línea, Tomás Latasa, de UPA, recordó que «pedimos en el Consejo Regulador que se congele el crecimiento de la masa vegetal hasta que no se aclare quién se beneficia de las plantaciones»: «No podemos tirar la uva y a la vez plantar más y sin saber quién se beneficia». Latasa reclama a las administraciones, nacional y regional, «garantías con el cambio de criterios porque es el mayor ataque que ha habido a la explotación familiar agraria».

Por otra parte, el presidente de ARAG-Asaja, Javier Rubio, confirmó que su hijo es uno de los adjudicatarios de viñedo, con casi 7 hectáreas, aunque también quiso dejar claro que «ha aportado tierras en propiedad de la familia, es una persona activa en el campo como todo el mundo conoce, es decir, cumplía todos los requisitos formalmente y también en el fondo». Rubio señaló que «son las casi siete hectáreas que aparecen en la lista, aunque podía haber acreditado incluso más tierra, pero desde luego no son las dieciséis o las veinte que circulaban por whatsapp y redes sociales sin fundamento».

Rubio señaló que defienden que el viñedo debe ser para viticultores jóvenes y agricultores profesionales; «en mi caso -apunto- me hubiera gustado poder presentarme y valoramos en la familia si lo hacía el hijo y lo hizo porque se dedica al campo y porque tiene tierra de la familia, con lo que creo que la adjudicación es absolutamente justa».