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No hay derecho

Concentración de viticultores en protesta por el reparto de plantaciones de viñedo del 2016. :: juan marín
Concentración de viticultores en protesta por el reparto de plantaciones de viñedo del 2016. :: juan marín
  • El cambio de normativa trastoca las adjudicaciones de viñedo

  • La imposibilidad de transmisión del 'papel' para plantar viña no ha sido el único derecho suspendido por la nueva regulación europea

Por imperativo comunitario hemos pasado de un escenario, el anterior a enero del 2016 en el que el 'papel' para viña -el documento que facultaba la plantación de viña y que se compraba y vendía libremente- a una situación en el que la transmisión de los derechos es historia pasada. Hasta el 1 de enero del 2016, el derecho para plantar vid se conseguía por una adjudicación de la administración, un arranque en la misma explotación o la compra a un propietario del derecho. Al contrario que ahora, bastaba arrancar el viñedo para vender, conjunta o separadamente, la tierra y el derecho.

El que no podía, o no quería, comprar derechos pero aun así pretendía plantar viña, debía esperar a las adjudicaciones de la reserva, un reservorio de derechos a nivel nacional que los políticos manejaban y de la que tiraban periódicamente cayendo como un regalo del cielo a los agraciados.

La venta de 'papel' se convirtió en un negocio sujeto al trapicheo que ni en los más negros tiempos del estraperlo. Los viticultores o intermediarios compraban y vendían, en un mercado paralelo al del viñedo y al de la tierra, el derecho que otorgaba la posibilidad de entrar en el 'club Rioja' o de aumentar su cuota de participación. Un 'club' tan selecto y exclusivo que una acción del mismo, el derecho a plantar una hectárea, llego a cotizarse hasta en 30.000 euros.

La liberalización del mercado del viñedo será total tarde o temprano, como lo es ya en el sector lácteo y este año lo será en remolacha. De momento, como antesala del libre mercado, desde el 1 de enero del 2016, los derechos han desaparecido.

El fiasco del 2016 y del 2017

Hoy, para plantar vid es precisa una autorización administrativa, que se diferencia del antiguo derecho en que no es transferible. La obtención de 'papel' sólo es posible mediante un arranque en la misma explotación o bien por la adjudicación por el Ministerio, cuyas reglas, emanadas de Europa e 'interpretadas' aquí, han dado lugar, al menos en Rioja, a grandes arbitrariedades y no han dejado satisfechos más que a aquellos que se han aprovechado de las mismas.

A tenor de la normativa comunitaria, el Ministerio de Agricultura está obligado a ofrecer nuevas autorizaciones para plantación en una cifra que puede llegar hasta un 1% de la superficie vitícola nacional, aunque, a petición justificada de las denominaciones de origen, se puede reducir el porcentaje asignado a determinadas regiones.

El pasado año, de 4.173 hectáreas a repartir para toda España, 387 correspondieron a Rioja. La superficie concedida no alcanzó ni para atender la demanda de los jóvenes sin viña, los que tenían más puntos con los criterios de reparto, por lo que se tuvo que prorratear la asignación en función de la superficie solicitada, correspondiendo a cada uno el 11% de la superficie pretendida.

En Rioja la mayor parte de las plantaciones fue adjudicada a unos pocos terratenientes (o sus testaferros), mientras que los muchos que cumplían las condiciones pero que acreditaron pequeñas superficies de tierra blanca se quedaron con muy poco. Para los viticultores profesionales que necesitaban ampliar su explotación, ni una hectárea, ni siquiera a los jóvenes. Para el 2017, el sector perdió la oportunidad de plantear un recurso de alzada contra la resolución del Ministerio en la que se fijan en 645 hectáreas el crecimiento del potencial vitícola en Rioja para este año y en la que se mantienen los mismos desafortunados criterios de adjudicación del 2016. Argumentando pocas posibilidades de que prosperara no se hizo el recurso y, lo cierto, es que ahora sí que las opciones son nulas. Todos tachan de auténtica «chapuza» el reparto del 2016, pero a 'buenas horas mangas verdes'. El 2017 será más de lo mismo, las pequeñas modificaciones hechas no evitarán que los 'listillos' encuentren fórmulas para saltarse el reglamento.

El reparto territorial en Rioja

De las 387 hectáreas repartidas en el 2016 para Rioja, 363 se han quedado en La Rioja, 4 han ido para Álava y 20 para Navarra, con lo que el acuerdo tácito de la Interprofesional para un crecimiento equilibrado en proporción a la superficie de viñedo de cada autonomía se ha incumplido (70% para La Rioja, 20% para Álava y 10%, Navarra). No habrá equilibrio territorial en el 2017 y, si no hay acuerdo en el pleno del Consejo, tampoco en el 2018. No es extraño que los viticultores alaveses se quejen.

Hace un par de semanas el Ministerio puso a disposición de las organizaciones agrarias un borrador del Real Decreto que modificará para el 2018 los criterios de reparto. Parece que experiencia y formación agrícola, serán requisitos que se incorporaran. Se primará a los jóvenes y a los viticultores profesionales. El principio de potenciar las explotaciones más respetuosas con el medio ambiente también entra en el paquete de preferencia de adjudicaciones.

No estaría tampoco de más que se vetara el acceso a plantaciones a los favorecidos por la laxa regulación del 2016 y 2017 y se limitara el número de hectáreas por adjudicación. Puestos a pedir, yo sugeriría que se incluyeran entre los criterios de selección beneficiar a viticultores que dispongan de mayor porcentaje de viñedo viejo, contar con la vocación vitícola del terreno donde se pretende plantar y priorizar a los términos municipales en los que el viñedo es el cultivo tradicional y mayoritario.

Aún hay tiempo hasta el 1 de noviembre del 2017 para que la Interprofesional plantee recomendaciones al Ministerio. Éstas deberían pasar por que las nuevas plantaciones se dirijan a las zonas, explotaciones y viticultores que, por condiciones naturales y profesionalidad, garanticen una mayor calidad. La pelota está en la Interprofesional y en el Consejo. Son el Ministerio y las autonomías quienes deben recogerla y jugarla bien. Pero ya para el 2018.

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