El miércoles concluye el plazo de renovación de la Organización Interprofesional del Vino de Rioja (OIPVR) sin que el proceso de acreditación de la representatividad abierto por la Presidencia el pasado mes de octubre haya ni tan siquiera comenzado. La Interprofesional, nacida hace ocho años como la primera, y aún hoy única, organización privada del sector para gestionar un patrimonio público (la marca Rioja) parece abocada al fracaso ante el ‘bloqueo’ por la falta de acuerdo en el sector productor.
Las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPA) consideran que se han pervertido los fines y que el sistema de renovación debe compartimentar el reparto de la representación entre cooperativas y sindicatos agrarios. En este sentido, históricamente las elecciones al Consejo Regulador (antes de la Interprofesional) distinguían dos censos, bodegas y productores, ambos al 50% (paridad reconocida por la Ley del Vino), pero este último con dos apartados:uno para las cooperativas y otro para las organizaciones profesionales agrarias (OPA) en función de los viticultores asociados y los ‘libres’.
En el año 2004, ambos grupos se distribuyeron los cien votos de la rama productora, con un 45% para las cooperativas y un 55% para las OPA por acuerdo. En el 2008, la primera renovación de la Interprofesional, se pactó el mismo reparto, pero ahora, en el 2012, no hay acuerdo y se plantea una acreditación ‘fraticida’ en el sector productor.
Ésa es la causa real del bloqueo actual por parte de las OPA, y es que a nadie se le escapa que abrir un proceso de acreditación sin compartimentación (cuando las cooperativas tienen automáticamente delegada la representación de sus socios) dejaría a las organizaciones en ‘plante’ con menos de un 50% y, en la práctica, fuera de todas las decisiones.
La Presidencia de la Interprofesional dio por abierto el proceso –aunque es decisión de la junta directiva, no del presidente–, lo que ha llevado a la institución a un callejón sin salida, ya que las OPA, que con la configuración actual tienen 55 de los 200 votos pueden bloquear todos los acuerdos e incluso imposibilitar el ‘quórum’ (son necesarios 150 votos para cualquier decisión). En resumen, a menos que haya un acuerdo entre cooperativas y organizaciones agrarias, la Interprofesional, al menos la conocida hasta ahora, está abocada a desaparecer.

Prórroga
De hecho, a partir del 16 de febrero cualquier inscrito podría solicitar judicialmente la disolución de la Interprofesional, según fuentes jurídicas consultadas. Una segunda opción es solicitar una prórroga al Ministerio, lo que permitiría a la Interprofesional seguir funcionando, aunque se estaría en las mismas:el bloque ‘en plante’ continuará en la misma actitud hasta que las cooperativas no acepten la compartimentación.
La última opción, confirman las fuentes jurídicas, sería la vuelta al statu quo anterior, es decir, la disolución de la Interprofesional del Vino de Rioja y la convocatoria de elecciones al Consejo Regulador.

El preacuerdo roto por las cooperativas
Era un acuerdo inédito e histórico. Por primera vez en la historia de Rioja, el sector productor (cooperativas y OPA) se garantizaban un voto colegiado previo en las cuestiones trascendentes. El documento, pese a ser aprobado por los ‘negociadores’ de las cooperativas, acabó rechazándose antes de firmarse, y lo curioso es que había varias ‘cesiones’ expresas a las cooperativas, como la presidencia, la admisión de un exceso de producción del 12% o una representatividad interna compartida al 50% con las OPA para los próximos cuatro años.
La clave del acuerdo era la decisión conjunta, que afectaría a todas las cuestiones predefinidas en el documento como ‘claves’. En este sentido, el ‘mecanismo de decisión conjunta’ garantizaba que cooperativas y OPA tendrían que pactar previamente antes de votar en la Interprofesional. Internamente, cooperativas y OPA se repartían la representatividad al 50% y sería necesario un el 66% de los votos y al menos 5 asociaciones firmantes para tomar decisiones o el 60% en una segunda vuelta. Eso sí, todos los firmantes se comprometían a votar luego de la misma forma la propuesta colegiada en el sector productor de forma unánime en la Interprofesional. Las cuestiones fundamentales que precisaban decisión conjunta son los siguientes:

1. Presidencia
Respeto a la alternancia y, después de ocho años con Víctor Pascual (bodegas)al frente, se acordaba que, sí o sí, fuese una persona propuesta por el sector productor, bien de dentro de la mesa (se ofrecía de hecho a las cooperativas) o de fuera.

2. Presupuestos
Han sido uno de los caballos de batalla en los últimos años, y se garantizaba que no habría bloqueo, como ha sucedido el último año, con un compromiso de aprobar un presupuesto de mínimos que garantizase el presupuesto ordinario, el de control y la promoción con fondos OCM (lo que finalmente se ha aprobado este año). Para el presupuesto de promoción (el resto), se fijaban determinados límites de aportación por productores y su aprobación, o rechazo, se sometía previamente a la ‘decisión conjunta’ para llevar una postura unánime de la rama productora a la Interprofesional.

3. Normas de campaña
Otro aspecto clave y motivo de discordia en los últimos años. El acuerdo, en un claro guiño a las cooperativas, marcaba unas normas base, con la posibilidad de admitir en bodega un exceso de uva del 12% por encima del 100% amparado, de forma que el 8% podría utilizarse para mesa y el 4% restante con destino obligatorio para destilación.

4. Representatividad
La representatividad en la Interprofesional de cooperativas y OPA se sometería al arbitraje del Ministerio, que es quien debería determinar qué porcentaje correspondería a cada grupo, pero realmente la propuesta ya lo distribuía al 50% al someter todas las cuestiones claves al ‘mecanismo de decisión conjunta’, en el que un grupo pesaba lo mismo que el otro.