TEXTO: A. Gil

Un nuevo informe jurídico, en este caso aportado por las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPA) a la Interprofesional del Vino de Rioja, concluye que el proceso para la acreditación de la representatividad por decisión de la Presidencia el pasado 3 de octubre es ilegal. El estudio, firmado por un abogado externo riojano, considera que el presidente de la Interprofesional, Víctor Pascual, extralimitó sus funciones cuando en la reunión de la Junta Directiva de dicha fecha dio por iniciado el proceso de acreditación, que debe concluir como máximo el próximo 15 de febrero con la renovación de los repartos de representatividad de las diferentes organizaciones del sector.

En este sentido, el informe argumenta que, en línea con lo que exigen las OPA –que tal y como ha venido informando este diario se ‘plantaron’ tras aquella reunión en bloque y anunciaron su no participación en el proceso–, debe ser la Junta Directiva de la Interprofesional, mediante acuerdo de al menos el 75% de los votos, la que inicie el proceso de renovación: «El presidente no es un órgano de la Interprofesional y sus competencias están recogidas en los Estatutos, pero entre ellas no se encuentra la de acordar el inicio del proceso para acreditar la representatividad». «La Junta Directiva –explica el abogado– es la responsable de cumplir y hacer cumplir los estatutos y la de regir y gestionar la actividad de la Interprofesional, mientras que el presidente únicamente puede convocar a la junta directiva».

La trascendencia del tema es que la apertura del proceso obliga a todas las organizaciones a acreditar para finales de este mes de diciembre el número de litros que comercializan, en el caso de las bodegas, y el número de hectáreas que representan en el del sector productor, con el fin de configurar una nueva Interprofesional en función de los apoyos reales de cada organización.

Desacuerdo

La falta de acuerdo entre cooperativas (que hoy tienen el 45% de los votos del sector productor) y las OPA (las seis en ‘plante’ suman el restante 55%) por un pacto entre las partes en el 2004 y en el 2008, ha complicado al extremo el proceso. En este sentido, las OPA hicieron su propia propuesta de reparto alternativa al proceso de acreditación abierto, aunque sin pactarla previamente con las cooperativas. La coordinadora y asesora jurídica de la Interprofesional respondió que, sin acuerdo de todas las partes del sector (es decir, incluidas las cooperativas) y la ratificación del resto de la directiva, es decir, de las bodegas, no era posible ‘evitar’ el sistema de acreditación por ilegal.
El informe actual, sin contradecir aquél, lo que sostiene es que también la apertura del proceso fue ilegal y que, para iniciarlo, es necesario la aprobación de la junta directiva, lo que precisa una votación con al menos el 75% de apoyo, es decir, el consentimiento de las OPA.