Los sindicatos denuncian que los nuevos criterios del viñedo excluyen al agricultor profesional

Plantación de viñedo en las laderas de Clavijo. /
Plantación de viñedo en las laderas de Clavijo.

Desde UAGR apuntan que «el riesgo de fraude aumenta» y desde ASAJA sostienen que se trata de «un parche que empeora las normas anteriores»

Luis J. Ruiz
LUIS J. RUIZLogroño

Entre la sorpresa y la indignación. Ese (y siempre desde el enfoque peyorativo) es el rango de reacciones de las organizaciones agrarias riojanas ante los nuevos criterios de reparto de viñedo publicados el pasado sábado en el BOE. A nadie le gusta lo que ha hecho el Ministerio. Quizá en algún punto hayan podido acertar, deja entrever desde FECOAR Fernando Ezquerro, pero los errores son tantos, coinciden los responsables de UAGR, UPA y ARAG-ASAJA, que la balanza nunca alcanzará equilibrio alguno.

La principal crítica gira en torno a la extensión máxima de las explotaciones agrarias (independientemente del cultivo) que podrán acceder al reparto (cuatro grupos que recibirán entre 1 y 4 puntos en función de la superficie). El Real Decreto deja fuera a las que sumen más de 21,01 hectáreas lo que, interpretan los sindicatos, cierra la puerta a muchos profesiones del agro.

«La mayoría de los profesionales van a quedar fuera porque sus explotaciones son mayores. Tienen cereal, viñedo, frutales, almendros...», explica desde UAGR, Ángel Palacios, que sostiene que beneficiará a aquellos que, por ejemplo, «tengan un trabajo y, además, lleven cuatro fincas. Cualquier agricultor profesional gestiona 21 hectáreas», asegura, al tiempo que concluye que con menor extensión no hay rentabilidad posible en el campo riojano.

José Antonio Torrecilla (ARAG-ASAJA) pone cifras a esa reflexión. «Hace poco hemos presentado ante la Consejería de Agricultura una relación de agricultores de la organización y de ellos, el 50 por ciento se quedaría fuera del reparto. Casi 2.000 explotaciones», sostiene. Además apunta que los límites «no están justificados y son contradictorios» con los criterios, por ejemplo, para acceder a las subvenciones por primera instalación, que exigen extensiones de entre 9 y 70 hectáreas. «Solo son parches que han empeorado las normas anteriores», concluye. «El reparto de la masa vegetal está siendo un despropósito y los criterios son inconsistentes y poco profesionales», abunda

«Creo que la norma es más grave que la anterior y que las posibilidades de fraude o de creación de condiciones artificiales, como le llaman ahora, aumentan», insiste Palacios, que recuerda que la normativa europea permitía ampliar esa horquilla de superficie hasta las 50 hectáreas.

En esa línea, desde FECOAR, Fernando Ezquerro sostiene que es positivo que se exija ausencia de fraude previo en los peticionarios, pero la limitación de las 21 hectáreas es ilógica. «Europa establece el límite en 50 hectáreas. No entendemos que la norma sea ahora más restrictiva que la europea cuando siempre nos hemos quejado de esos límites».

Desde UPA, Eusebio Palacios, defiende la necesidad «de unas normas no sujetas a tantas interpretaciones», apoya que «las plantaciones se les entregue a los jóvenes que están en el campo» pero recuerda que es preciso aumentar el tamaño máximo de las explotaciones ya que los límites actuales «no son viables».

Así, todos esperan ver qué hace la Consejería de Agricultura, que será la encargada de decidir si valora más a las pequeñas extensiones o a las más grandes. «Que no se le vaya la mano hacia abajo. Tienen que ir de arriba a abajo», defiende Torrecilla. Es, entiende, la forma de defender al agricultor profesional.

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