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Nueva crisis en la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja. En este caso protagonizada por la Asociación de Bodegas Familiares de Rioja, que en el último proceso de renovación de la Interprofesional y el Consejo Regulador, acreditó la representación de 216 bodegas, es decir, más de la mitad de las que delegaron su voto.
Eduardo Hernáiz, presidente de la agrupación, ha anunciado esta mañana la decisión de abandonar los órganos de gestión de la DOCa: «Somos Rioja, y vamos a seguir siéndolo porque tenemos todas nuestras inversiones en esta tierra y porque seguimos creyendo en ella y en su potencial para hacer grandes vinos, pero no podemos continuar formando parte de un sistema de gestión en el que se toman decisiones en contra de nuestros intereses y en el que, pese a haberlo intentando, no tenemos capacidad de reencaminar el rumbo de Rioja hacia un modelo de valor, de calidad». Es decir, las Bodegas Familiares continuarán formando parte de Rioja (cultivando, elaborando y comercializando vinos con el sello de la DOCa), pero dejan de formar parte del órgano de gestión, en el que participaban desde su fundación a mediados de los años 90.
La salida de las Bodegas Familiares pone en tela de juicio el sistema interprofesional que gestiona la DOCa desde el año 2004 y en el que la representatividad se reconoce exclusivamente en función de la cantidad de litros y kilos de uva que se producen, un modelo que es prácticamente único en el sector del vino en España, ya que solamente se adaptó en Valdepeñas, aunque dicha interprofesional acabó siendo intervenida tras abandonarla de forma unánime el conjunto del sector productor.
En este caso, las que se van son las pequeñas y medianas bodegas de Rioja, más de la mitad de las que delegaron su voto en las últimas elecciones del 2021, al considerarse «infrarrepresentadas», pero sobre todo sin «capacidad para influir en las decisiones». Hernáiz, acompañado de Juan Carlos Sancha, vicepresidente y tercer vocal más antiguo del Consejo Regulador, y de la gerente de la asociación, Ana Jiménez, aportó unos datos significativos: «En los últimos 20 años, desde que se puso en marcha este sistema interprofesional, el precio medio de litro de vino de Rioja ha crecido un 17%, cuando la inflación lo ha hecho tres veces más». «Es decir -agregó-, este sistema ha tenido un claro efecto sobre el volumen de vino producido, pero no sobre el valor, lo que perjudica claramente el modelo de negocio de nuestros representados y, de hecho, entre nuestros asociados más jóvenes hemos detectado un absoluto desapego con la DOCa por cuanto no se sienten atraídos, ni mucho menos identificados, por este modelo de gestión».
Juan Carlos Sancha fue también rotundo al afirmar «estamos convencidos de que la situación crítica actual de Rioja, de sus bodegas y viticultores, con una crisis no sólo coyuntural, sino estructural que incluso nos ha llevado a pedir apoyo público para destilar vinos, sería muy distinta si la política seguida en los últimos años se hubiera preocupado más de proteger el valor de las uvas, de los vinos y del territorio, tal y como hemos defendido las Bodegas Familiares, que de producir más cantidad vía nuevas plantaciones o aumentos de rendimientos». Sancha aportó varios ejemplos sobre las negociaciones de los últimos años en la mesa del Consejo, entre ellos cómo, pese a producir claramente más vino del que se vende desde el año 2017, «una organización mayoritaria de bodegas seguía pidiendo más plantaciones hasta hace bien poco» o cómo -«y para nosotros es triste recordarlo», matizó- «los debates de las normas de vendimia en los últimos años se han centrado en discutir el margen de entrada de uva excedentaria en bodega que los rendimientos destinados a Rioja».
Los portavoces de Bodegas Familiares advirtieron también «a consecuencia de estas políticas, lo que tenemos hoy en día son graves excedentes de vino y viñedos en suelos donde nunca se deberían de haberse plantado con un modelo que a medio plazo aboca al cierre de pequeñas y medianas bodegas y a la desaparición de explotaciones familiares de viticultores por falta de rentabilidad y por una excesiva y abrumadora burocracia, un problema que para el Consejo Regulador no existe pero que se ha convertido en una grave amenaza de supervivencia para nuestros representados».
Ana Jiménez, por su parte, señaló que la decisión ya se ha comunicado oficialmente al Consejo Regulador y también a las administraciones públicas que participan en el mismo (los gobiernos regionales de La Rioja, País Vasco y Navarra), así como al Ministerio de Agricultura, entidad tutelante de la DOCa, y, tras agradecer la confianza prestada por las 216 bodegas en la delegación de voto, aseguró que «el abandono de las mesas de gestión es una decisión que ha sido ratificada varias veces por la asamblea de Bodegas Familiares de Rioja».
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