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ALBERTO GIL
LOGROÑO.
Martes, 27 de marzo 2018, 08:48
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El Consejo Consultivos de La Rioja, organismo de consulta jurírica del Gobierno riojano, está respaldando las decisiones de la Consejería de Agricultura de revocar las autorizaciones para la plantación de viñedo concedidas inicialmente en los años 2016 y 2017 a un importante grupo de solicitantes. Según ha podido saber Diario LA RIOJA, cerca de una quincena de resoluciones, correspondientes a otros tantos expedientes, han sido ya resueltas a favor de las revocaciones planteadas por la Consejería de Agricultura, con lo que para dichos casos se cierra el proceso administrativo y deja como única opción a los afectados la reclamación vía judicial.
Decenas de adjudicatarios provisionales de nuevas plantaciones de viñedo de los años 2016 y 2017 recibieron notificaciones en los meses pasados de que los actos administrativos de adjudicación se encontraban en revisión y ahora están empezando a recibir nuevas misivas en las que se anulan los mismos. Los informes, además del dictamen favorable de los propios servicios jurídicos de la Consejería, se refuerzan con el respaldo individual del Consejo Consultivo en cada caso concreto y el departamento que dirige Íñigo Nagore se ha dado un plazo de dos meses para completar las revocaciones.
El consejero de Agricultura, Íñigo Nagore, ya anunció hace meses en una entrevista con Diario LA RIOJA que la lista de adjudicaciones de nuevas plantaciones de viñedo del año 2016 que se autorizó inicialmente «poco o nada» tendría que ver con la final, después de que casi el 40% de los solicitantes no pudieran acreditar fehacientemente que cumplían con los requisitos exigidos para tener acceso prioritario al nuevo viñedo (ser jóvenes con actividad agraria no vitícola) como presuponían en sus solicitudes.
De la misma forma, respecto a las adjudicaciones del 2017, aunque en este caso no se llegaron a publicar en el Boletín Oficial de La Rioja, la Consejería envió al Ministerio de Agricultura un listado provisional de beneficiarios, con una importante primera criba en la que se eliminaron del reparto prioritario a casi el 80% de los solicitantes iniciales por no cumplir con los requisitos.
Aún así, la Consejería puso la lupa en 197 expedientes de los 418 que aseguraban cumplir para formar parte del grupo prioritario de reparto, varios de ellos solicitantes también en el 2016, al sospechar que podía haber alguna actuación fraudulenta. Las principales líneas de investigación se han centrado en la acreditación real de que el solicitante desempeñaba en realidad la función de 'jefe de explotación' sin vinculación vitícola (actividad real agraria y capacitación) como se requería para ser considerado grupo prioritario de acceso al nuevo viñedo.
Además, la Consejería examinó si realmente las tierras que se acreditaban disponibles para plantar eran propiedad o arrendadas por quienes solicitaban el viñedo. De hecho, el departamento regional de Agricultura envió un caso a la Fiscalía, que había recibido inicialmente 20 hectáreas en el 2016, por supuesta falsedad documental.
Muchos adjudicatarios del 2016 volvieron a solicitar también en el 2017, acreditando más tierras para recibir más viñedo, y en varios casos se están anulando las adjudicaciones de viñedos de ambos ejercicios.
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