El pago obligatorio a la Interprofesional del Vino de España se extiende al menos otros cinco años

El ministro de Agricultura en funciones, Luis Planas, en una visita a Logroño. /Antonio Díaz Uriel
El ministro de Agricultura en funciones, Luis Planas, en una visita a Logroño. / Antonio Díaz Uriel

El Ministerio desoye las alegaciones presentadas por las bodegas riojanas y publica en el BOE la extensión de norma hasta julio del año 2024

Alberto Gil
ALBERTO GILLogroño

El Ministerio de Agricultura ha desoído las alegaciones presentadas por un nutrido grupo de bodegas riojanas -entre ellas las 150 que representan las Bodegas Familiares de Rioja y las históricas y tradicionales de ABC , con firmas como Muga, La Rioja Alta o CVNE entre ellas- y el pasado sábado publicó en el Boletín Oficial del Estado la extensión de norma solicitada por la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) y que entra en vigor este jueves 1 de agosto.

La principal consecuencia es que los pagos obligatorios que todas las bodegas llevan afrontando desde el 2016 se prorrogan por otros cinco años para financiar fundamentalmente campañas de promoción genéricas de vino, aunque, poco a poco, la OIVE va sumando nuevas competencias. Entre ellas, las incluidas en un nuevo epígrafe denominado 'Inteligencia económica', que incluyen análisis sectoriales del mercado vitivinícola y acciones destinadas «a facilitar el acceso a los mercados exteriores y eliminación de barreras comerciales», así como «un sistema reforzado de control por la mejora de la calidad y autenticidad de los productos mediante controles adicionales a la legalidad vigente en materia de elaboración, composición, etiquetado, presentación y publicidad». De hecho, si en la anterior extensión de norma del 2016 se exigía que el 90% de la recaudación se destinara a la promoción del vino, ahora el porcentaje baja al 80%.

LAS CUOTAS

0,18
euros por hectolitro en el caso del vino embotellado.
0,052
euros por hectolitro en el caso de los vinos vendidos a granel.

¿Qué es la OIVE?

La OIVE la conforman la Federación Española del Vino, las cooperativas agroalimentarias, granelistas de la Asociación Empresarial de Vinos de España y las organizaciones agrarias Asaja, UPA y COAG. Aunque estas tres últimas, si bien participan en las decisiones, no pagan.

Las bodegas riojanas que presentaron alegaciones contra la extensión de norma aseguraban que la OIVE se arroga una representación del sector que no está acreditada (necesita por ley un mínimo del 67% en cada sector, comercial y productor), que utiliza datos de carácter privado (movimientos de vino) para calcular las cuotas y que, en el caso de Rioja, existe ya una interprofesional con intereses contrapuestos: la promoción del vino de origen frente a la del vino común.

En el caso de Rioja, existe ya una interprofesional con intereses contrapuestos: la promoción del vino de origen frente a la del vino común

De hecho, una de las críticas más repetidas ha sido que en las campañas de promoción se fomentaba el consumo de bebidas derivadas de vino, sin olvidar al recelo que supone la asunción de nuevas competencias por si acaban por entrometerse entre los intereses de Rioja. La primera extensión de norma fue recurrida también judicialmente por dos importantes bodegas riojanas, aunque el recurso fue desestimado por la Audiencia Nacional.

«Seguimos pagando la cuenta sin ser invitados a cenar»

«No hay mucho que explicar que no se haya dicho ya:nos pasan la factura de la cuenta, pero ni tan siquiera nos invitan a cenar». Son palabras de Eduardo Hernáiz, presidente de Bodegas Familiares de Rioja, que lamenta la falta de sensibilidad y complicidad del Ministerio de Agricultura con los pequeñas y medianas bodegas: «No podemos estar de acuerdo con la promoción del vino común, o incluso de los derivados del vino, cuando pertenecemos a una denominación de origen como Rioja ni tampoco con que se tomen decisiones por nosotros en las que no nos dejan participar pero nos obligan a pagar». «Nos preocupa también –continúa– la ampliación de competencias y tampoco tenemos claro cuál es el destino real de los fondos que recaudan porque, como no participamos, no tenemos información alguna».

En la misma línea, Begoña Jiménez, coordinadora de la Asociación de Bodegas por la Calidad (ABC) recuerda que «seguimos pensando lo mismo, que no creemos en el supuesto 'buenismo' de la OIVE, sino que las cosas se hacen por algo y más cuando se hacen con el dinero de nuestras bodegas sin poder ni siquiera participar en las decisiones». Jiménez señala que «tenemos ahora que ver y estudiar qué ha pasado con la extensión de norma y con las alegaciones que presentamos antes de tomar una decisión sobre acciones futuras que podamos tomar como asociación».